San Salvador, 15 de abril de 2020.
La Discapacidad es toda aquella barrera o muralla que nosotros mismo generamos, en el entorno social, frente a las personas que tienen una limitante de escucha, de habla, física, visual o intelectual. Es por ello que, al referirnos a las personas como discapacitadas, interdictas, mongolitos entre otros términos, caemos en el error de discriminarlas por su condición.
No hablamos de discapacitado, ni de capacidades diferentes, ni de necesidades especiales: ya que todas las personas tenemos capacidades y necesidades diferentes, porque todos somos diferentes. No hablamos de enfermedad ya que la discapacidad es una condición permanente que acompaña a la persona. Entonces, son “personas con discapacidad, quienes tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diferentes barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.” (Art. 1 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad)
Siguiendo a la Convención, definimos a la discapacidad como parte de la condición humana. Esto significa comprender que la humanidad es diversa y dentro de esa diversidad se incluyen las personas con discapacidad. De modo que no se piensa desde un modelo binario, donde lo que no es considerado una persona “normal”, pasa a ser “anormal” y debe ser normalizado/rehabilitado para poder ser “insertado” en la sociedad. Ahora proponemos entender a la humanidad teniendo en cuenta que todos somos diferentes y que la discapacidad es una diferencia más entre otras.
De acuerdo con el manual de la ONU titulado “De la exclusión a la igualdad: hacia el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”, las cifras son alarmantes: el 20% de las personas más pobres tienen alguna discapacidad, el 98% de los niños con discapacidad de los países en desarrollo no asisten a la escuela, cerca de un tercio de los niños desamparados tienen alguna forma de discapacidad, y el índice de alfabetismo de los adultos con discapacidad es tan sólo del 3%, y del 1% en el caso de las mujeres con discapacidad en algunos países.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue la respuesta que ha dado la Comunidad Internacional al largo historial de discriminación, exclusión y deshumanización de las personas con discapacidad. Esta fue ratificada en nuestro país a través del Decreto Legislativo N° 791 del 11 de septiembre de 2007.
Sin embargo, hoy en día es lamentable ver que nuestros hermanos salvadoreños no cuenten con la educación integral, procesos de cambio o condiciones de oportunidad laboral adecuadas. Cabe, entonces, la obligación de preguntarnos ¿Qué estamos haciendo para cambiar su realidad? Les presento algunos datos del informe de “Objetivos de Desarrollo Sostenible” en 2017 en El Salvador:
· El 80 % de la población con discapacidad se encuentra en edades de 25 a 64 años.
· Bajo grado de escolaridad, en promedio nacional 4to. grado de primaria, en la zona rural 2do grado de primaria
· En el 20.3% de los hogares habita al menos una persona con discapacidad.
· Solo el 29.8% posee un trabajo formal, el 66.8% se desempeña en subempleo por cuenta propia.
· De las personas que hacen uso de los servicios de salud, el 13% acuden a los ECOS de la comunidad y especializados, el 39% al sistema hospitalario nacional y un 20% al ISSS
En mi primera experiencia como Auxiliar Jurídico en la Unidad de Familia de la Procuraduría General de la República (PGR), atendí por primera vez a una persona sorda, quería explicarle todo el trámite y que comprendiera cada etapa del proceso sobre al cual se iba a enfrentar y no lo logré. Apenas sabía leer mis labios. Un sentimiento de impotencia me inundó. Intenté explicarle que si volvía, buscaría la forma de informarle mejor.
A partir de esa experiencia, busqué la formación en lenguaje de señas y no he parado de atenderlos. Poder ayudar a una persona sorda, para que acceda a los servicios con los que cuenta la PGR, velar porque se les protejan sus derechos, no tiene precio para mí.
He tenido, además, la oportunidad de llevar esa misma pasión y dinamismo a otras Instituciones que no han dudado en implementar, dentro de sus organizaciones, el enfoque de derechos humanos; con el único fin de crear esa cultura inclusiva. Pero hay una premisa que no podemos olvidar: “nada puedo hacer por ellos sin ellos”. El ser humano no puede hacer las cosas por sí solo, es más fácil que todos nos unamos para hacer la diferencia.
Las instituciones públicas, debemos contar con los mecanismos necesarios para aportar con calidez e incluir dentro de los planes operativos, visión y objetivos, este eje transversal que permite concienciar a todos.
Estoy convencida que hoy por hoy, ya no se trata de firmar acuerdos o convenios. He tenido la oportunidad de escuchar las inquietudes de varios de los sectores de esta población, todos me han expresado: “ya no queremos actividades, queremos ser visibilizados, que conozcan nuestras necesidades, las reducidas oportunidades laborales con las que contamos, tener una educación digna, que nuestros hijos e hijas crezcan iguales que los otros niños que tienen sus facultades o no tienen la misma condición. Parece que no existimos y somos muy capaces…”
La discriminación no se resuelve con un proyecto o con un programa. Se necesita más que eso. Desde la primera infancia necesitamos erradicar con educación multitud de tics históricos, culturales y de desconocimiento, que perpetúan las actitudes de sobreprotección; es decir, crear una cultura inclusiva.
Actualmente, se encuentra en estudio por parte de la Asamblea Legislativa una nueva la Ley de inclusión que permitirá el goce pleno de sus derechos. Hemos avanzado en el tema, y es por ello, que estamos en el momento adecuado para respaldar todos estos esfuerzos con la aprobación de la ley. Y como expresa la promesa esencial de la Agenda 2030: no dejar a nadie atrás.
Elizabeth de Lazo/ Formadora e intérprete de Lengua de Señas Salvadoreñas
