San Salvador 13 de abril de 2020
La igualdad de género busca que tanto hombres como mujeres disfruten plenamente de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Lo contrario a este pleno goce conduciría a una eventual violencia de género, la cual representa ya un grave problema de la sociedad y es precisamente quienes tienen que involucrarse en la exigencia para que el Estado respete y garantice a todas las personas sus derechos sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, buscando soluciones eficaces para prevenir, proteger e investigar cualquier tipo de violencia de género.
El fomento de la igualdad y la lucha contra la discriminación por razón de sexo, es la mejor forma de combatir los comportamientos que suponen el ejercicio de cualquier forma de violencia contra las mujeres. Una sociedad que respeta los derechos de mujeres y hombres, que trata por igual a ambos sexos, que no entiende ni admite discriminación alguna, es una sociedad madura y democrática formada por personas libres.
Este 8 de marzo se cumplieron 25 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995). La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denominó esta conmemoración “Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres”, representando una oportunidad para movilizar mundialmente a la acción, a fin de lograr la igualdad de género y la realización plena de los derechos humanos que se le confieren a todas las mujeres y niñas.
La erradicación de la desigualdad y discriminación exige, como así venimos trabajando e impulsando en nuestro país, afrontar retos y desafíos mediante el trabajo conjunto, coordinado y en colaboración con todas las instituciones, administraciones y organizaciones de la sociedad civil, desde el convencimiento de que su solución y la protección y asistencia a las víctimas son una cuestión de Estado. Por ello, las diferentes instituciones gubernamentales han adoptado una postura de crear y poner en funcionamiento Unidades de Género, con el objeto de cumplir con el compromiso de hacer efectiva la igualdad y la erradicación de la discriminación contra las mujeres, tal como lo establece la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres.
Según datos de la Dirección Regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para Latinoamérica, en 2018 el 50.2% de las mujeres laboraba en el sector formal. El 45% de las mujeres que aplicó a una oferta laboral resultó electa, el mismo estudio indica que la tasa de los hombres se ubicó más de 20 puntos por encima en 68%. Aunque son datos esperanzadores, aún falta mucho por hacer.
Por ejemplo, un estudio de 2017, presentado por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revela que “el tiempo de trabajo no remunerado de las mujeres es mucho mayor que el tiempo que dedican los hombres a estas mismas actividades, en promedio, en El Salvador las mujeres laboran 21.5 horas remuneradas y 37 no remuneradas, frente a los hombres 41.4 horas remuneradas y 16.9 no remuneradas. Esto evidencia que pese a la creciente participación femenina en el trabajo para el mercado, ésta no se ha visto correspondida por una mayor participación masculina en labores domésticas y de cuidados no remuneradas al interior de los hogares”.
Entonces, combatir todo acto de discriminación basado en la pertenencia al sexo que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o perjuicio económico para la mujer, tanto en la vida pública como en la vida privada, es una cuestión de Estado, un asunto prioritario, que nos afecta como sociedad y como país, y de la que depende el futuro de nuestra convivencia.
El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), como institución rectora de la ética pública, conformó, en el año 2018, un equipo multidisciplinario integrado por el Comité de Género Institucional, la asistencia técnica del Programa Pro Integridad Pública, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) para realizar un diagnóstico institucional de género, que nos proporcionó un panorama global del conocimiento y prácticas diarias a nivel del Tribunal.
Con este diagnóstico, y aplicado la metodología del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) relativa al sello de igualdad en el sector público, se elaboró la Política Institucional de Igualdad y No Discriminación así como su Plan de Acción, que han marcado una ruta inicial en favor de la igualdad y no discriminación en el quehacer institucional.
A un año de su lanzamiento, ha permitido iniciar con la transformación de la cultura organizacional, asegurando que los servicios que se brindan a la población sean ejecutados bajo criterios de igualdad y no discriminación, y el establecimiento de mecanismos de participación ciudadana inclusivos y libres de discriminación, por razones de identidad de género o cualquier otra condición.
Aunque esta perspectiva ha sido incorporada como eje transversal en el Plan Estratégico Institucional 2018-2022, hoy por hoy, el gran reto de la Unidad de Género y del Comité de Género Institucional es hacer que los ejes estratégicos de la Política sean desarrollados y asumidos por cada unidad organizativa, por ejemplo a) que se continúe con el proceso de armonización de normativas, políticas, procedimientos, lineamientos institucionales, aplicando el marco normativo de Igualdad y No Discriminación; b) que dentro del presupuesto institucional se cuente con una unidad presupuestaria, que agrupe las acciones destinadas a prevenir y enfrentar prácticas de discriminación contra las mujeres; c) que se utilice el lenguaje inclusivo y no sexista en los procesos de comunicación institucional interna y externa; d) que se fortalezca la promoción de valores institucionales comprometidos a un ambiente laboral de buenas prácticas y sin ningún tipo de discriminación; e) que se fomente la participación ciudadana de manera activa en el ciclo de las políticas institucionales y en la rendición de cuentas de la institución.
El compromiso de realizar las acciones que conlleven a la aplicabilidad del principio de Igualdad y No Discriminación es de todo el personal de la institución, aunque se encuentren pequeñas brechas que cerrar. Tenemos la disposición de seguir trabajando y desarrollando la sensibilización, capacitación y formación en temas de género y de derechos humanos para ir eliminando cualquier tipo de desigualdades entre mujeres y hombres, cualquier estereotipo que enmarque la inferioridad de alguno de los géneros, especialmente aquellos que atenten contra la dignidad de las mujeres.
Todos los seres humanos somos iguales frente a la ley, pero somos diversos y únicos. La lucha debe ser en contra de cualquier forma de discriminación por el hecho que somos diversos. Participemos en forma activa y desinteresada, uniéndonos a este esfuerzo de convivencia. Nadie debe prevalecer frente a otras personas; sino, más bien, sumarnos, desde nuestra posición organizacional o de participación ciudadana, rompiendo las barreras que limiten la consecución de una institución que respete y fomente la igualdad y la no discriminación.
Evangelina Colato de Cornejo / Jefa Unidad de Género TEG
