Desde 2017, el Tribunal de Ética Gubernamental ha impulsado un proceso continuo de fortalecimiento de la integridad institucional, con el propósito de consolidar una cultura organizacional basada en la ética pública, la transparencia y el servicio a la ciudadanía. Este esfuerzo evolucionó con la implementación de la Política de Integridad y Gobierno Abierto y, posteriormente, con la adopción de la actual Política de Integridad Institucional, aprobada en 2026, que responde a los nuevos desafíos en materia de prevención de la corrupción, gestión de riesgos y modernización de la gestión pública.
Actualmente, el Modelo de Integridad Institucional (MII) constituye el marco estratégico que orienta, articula y evalúa la gestión del Tribunal para asegurar que sus decisiones, procesos y servicios se desarrollen con integridad, transparencia, eficiencia y enfoque en el interés público.
El modelo se sustenta en dos dimensiones estratégicas: Integridad, Ética Pública y Prevención de la Corrupción, y Gobierno Abierto, Innovación y Eficiencia Institucional, las cuales orientan las acciones institucionales para fortalecer la conducta ética, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la innovación y la mejora continua de los servicios públicos.
Para su implementación, el MII incorpora una visión integral de la gestión organizacional basada en cinco componentes: normas internas, organización, cultura organizacional, gestión de procesos y resultados obtenidos. Estos elementos permiten fortalecer las capacidades institucionales, medir el desempeño en materia de integridad y promover mejoras continuas orientadas a generar valor público y confianza ciudadana.
Asimismo, el modelo se articula con el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), adoptado por el Tribunal conforme a estándares internacionales, como un subsistema especializado para la prevención, detección y mitigación de riesgos de soborno. Esta integración permite que las acciones antisoborno formen parte de una estrategia más amplia de integridad institucional, fortaleciendo los controles, la transparencia y la calidad de los servicios brindados a la población.
La implementación del modelo es liderada por el Pleno del Tribunal, con el apoyo del Círculo de Integridad Institucional y de las comisiones especializadas encargadas de impulsar las acciones de seguimiento, evaluación y mejora continua.
De esta manera, el TEG reafirma su compromiso con una institución íntegra, abierta, innovadora y centrada en las personas, donde la ética pública se traduzca en mejores decisiones, procesos más confiables y servicios de mayor calidad para la ciudadanía.