San Salvador, 10 de diciembre de 2021.
Este 09 de diciembre, el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) inauguró el Diplomado en Prevención y Combate Sistémico de la Corrupción en El Salvador, segunda edición, el cual consta de cinco módulos de formación y será impartido entre los meses de diciembre de 2021 a abril de 2022 con el apoyo del Proyecto de USAID Pro-Integridad Pública. En la actividad participaron el Lic. Óscar Alberto López Jeréz, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Néstor Maurcio Castaneda, presidente del TEG, Lic. Ricardo Gómez, Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, y el Lic. Julio Bendek, segundo Magistrado de la Corte de Cuentas de la República.
El TEG, cumpliendo con lo mandado en la Ley de Ética Gubernamental, promovió la segunda edición de este diplomado que capacitará a los operadores de justicia (jueces, fiscales, magistrados, procuradores) así como a funcionarios de las instituciones involucrados en la prevención, control de cuentas, ética y acceso a la información pública.
En el diplomado participarán personas servidora públicas de instituciones con mandatos legales vinculados al tema de lucha contra la corrupción; entre ellas, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Corte de Cuentas de la República (CCR), la Fiscalía General de la República (FGR, el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y la Unidad Técnica del Sector de Justicia.
El diplomado busca fortalecer las áreas que permitan a los operadores trabajar coordinadamente en la prevención, detección, investigación, litigación y decisión sobre conductas corruptas o antiéticas, de naturaleza penal o administrativa y brindar una respuesta ante el fenómeno de la corrupción de forma sistémica.
El plan de formación es por competencia y permitirá fortalecer los conocimientos sobre el impacto de la corrupción en la ciudadanía, cómo prevenirla, cómo probarla, cómo trabajar con insumos de otras instituciones y cómo combatirla de una forma sistémica y colaborativa entre las instituciones con mandatos en materia anticorrupción. Se incluye además, módulos para actualizar las competencias en la asistencia legal internacional, procedimientos de extinción de dominio, enriquecimiento ilícito de funcionarios, congelamiento de activos e intervención de empresas, entre otros.
