La ética pública se refiere a la vida pública en su conjunto y a todas las organizaciones que tienen, con sus actuaciones, consecuencias públicas y precisan ser públicamente legitimadas.
Lo ético no sólo se refiere al carácter de las personas y de las organizaciones; sino también, responde a la obligación de obedecer a las normas, que son expectativas de comportamiento generalizado de una sociedad, y que permiten que en la misma se desarrollen éstas regulaciones de comportamientos que constituyen su esqueleto, estructura.
La Ética no tiene valor de cambio, sin embargo sí tiene valor de uso tanto para las personas como para las organizaciones e instituciones, porque les da legitimidad y viabilidad por muchas razones:
- Con ausencia de ética, las instituciones se quiebran aunque en apariencia sigan funcionando porque falta “credibilidad”, “confianza”.
- En la Ética descansan las medidas jurídicas que por sí solas, sin ética, no bastan. Las medidas jurídicas se legitiman sólo si el débil es tan bien acogido como el poderoso.
- Cuando más complejas y cambiantes son las sociedades más insuficientes son las leyes sin mecanismos éticos.
- Sociedad Civil y Opinión Pública exigen participación y responsabilidad de las organizaciones.
La Administración Pública debe tener como centro de toda su actuación, el servicio a los ciudadanos y el interés público. Si eso no se alcanza, hay deslegitimación. Para ello, hay que crear en personas del servicio público y funcionarios hábitos que conduzcan a la integridad, objetividad, responsabilidad, transparencia, honestidad y liderazgo. Quien ingresa a la Administración Pública debe saber que entra a una cultura organizativa que se asienta en creencias y valores como la excelencia en el trabajo, la eficacia, la eficiencia, el respeto, etc.
Por tanto, la formación ética del funcionario y servidor público han de tener como objetivo central el desarrollo de todos aquellos conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para que promuevan la ampliación del reconocimiento de la dignidad y autonomía de los ciudadanos.
El buen gobierno tiene buenos efectos para la vida de la ciudadanía. El ejercicio de la ética se hace necesario para alejar los vicios como la corrupción. Para evitar este último, es imprescindible que surja la democracia comunicativa que permita a la ciudadanía forjarse una voluntad común en cuestiones de justicia básica, a través de la transparencia y la rendición de cuentas. Una sociedad formada y con acceso la información, es capaz de deliberar sobre los mínimos de justicia en un diálogo inclusivo.
En concreto ¿hacia dónde nos lleva la ética pública? Hacia una cultura de puesta en práctica de mecanismos de participación y escrutinio públicos que parten de las condiciones y garantías que el mismo Estado establece para el óptimo reconocimiento y ejercicio de los derechos y libertades involucrados; es decir, la libre asociación, libre circulación, libre expresión, libre información y – particularmente – el libre acceso a la información pública.
Por José Manuel Cabrera / Servidor Público del TEG
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Cortina, A. (2010) Justicia cordial, Trotta, Madrid.
- (2007a) Ética de la razón cordial. Educar en la ciudadanía en el siglo XXI. Nobel, Oviedo.
- (2007b) “Lo justo y lo bueno”, en Gómez, C. y Muguerza, J. (eds.) La aventura de la moralidad (paradigmas, fronteras y problemas de la ética), Alianza, Madrid, pp. 382- 404.
- (2006a) “Ética del desarrollo: un camino hacia la paz”, en Sistema, n° 192, pp. 3-17.
