La corrupción se ha convertido en uno de los temas que han suscitado mayor reflexión en el debate público en El Salvador en los últimos años. La corrupción es un mal costoso que repercute en la calidad de servicio que proporciona la administración pública y, por lo tanto, en la calidad de vida de las personas.
Parece que hay un sentir general en la población sobre una “ausencia” en el perfil de los servidores públicos (aunque nunca se puede generalizar algo); pero a diferencia de esta certeza, la población no sabe bien qué es lo que le falta al aparato estatal.
La respuesta a esta incógnita nos la da García Marzá (“Ética Empresarial. Del diálogo a la confianza”. 2004), la ética aplicada “tiene como objetivo la realización de los principios y valores morales dentro de contextos y situaciones concretas, de forma que oriente en el desarrollo de espacios de libertad y, por lo tanto, haga más responsables y razonables esos diferentes contextos, sus prácticas e instituciones”.
Entonces, la gran ausente cuando se ventilan asuntos de la administración pública en los que se tiene certeza o sospecha de corrupción es la ética. Esta ética aplicada debemos entenderla como la parte contraria a la corrupción.
La ética no se trata de motivación o sentimientos positivos o piadosos que poca o ninguna relación tienen con el quehacer de las instituciones públicas. Víquez Lizano (“El quehacer ético en el poder judicial. Persona, ciudadanía y trabajo”. 2012) la define como “la orientación racional de la conducta, una forma de vida, que supone la reflexión previa a la acción, teniendo presentes las consecuencias de las acciones, para uno mismo, una misma y para las demás personas”.
En este punto se puede hablar de deberes en la ética, pero no como el cumplimiento ciego de unas normas, sino como la capacidad de tomar decisiones acordes con las metas establecidas. La ética exige que cada persona tenga claridad con respecto a sus fines y también con los institucionales. Así lo hace ver Cortina Orts (“Alianza y contrato. Política, ética y religión”. 2005) cuando indica que “la ética trata de la formación del carácter de las personas, de las instituciones y de los pueblos”.
Entonces, si recordamos que el principal objetivo del Estado es lograr el bien común, el bienestar social y tenemos presente que la Administración Pública es el medio y la estructura de que dispone el Estado para garantizar el cumplimiento de sus metas, es lógico que las personas que integran y conforman, dicha armazón institucional, sean servidores públicos que deberían tener un actuar ejemplar, digno, respetable y honesto, en el que los valores y la moral constituyan los elementos primordiales de los ejes que guíen su desempeño profesional.
Hoy que estamos próximos a un evento electoral, debemos de analizar en cada candidato su perfil ético, basado en una sana filosofía del servidor público y acompañada de valores. Es posible rescatar, revitalizar y fortalecer a la Administración Pública.
Si seguimos omitiendo el perfil ético en los gobiernos y administraciones públicas, seguiremos dando cobijo a la corrupción en el gobierno. En consecuencia, las prácticas corruptas seguirán en ascenso y, con ello, la transformación de las instituciones democráticas en oligárquicas.
José Manuel Cabrera / Servidor público TEG
