Una vez más el mundo se encuentra enfrentado a una pandemia, como otras que han asolado a determinados países y regiones; pero esta vez el COVID 19 está afectando a todos los países, ricos y pobres. Es uno de los dramas que se atribuyen a la globalización.
En El Salvador la pandemia está generando una diversidad de conflictos y se proyectan, en la post pandemia, impactos igualmente complicados e impredecibles en cuanto a los esfuerzos para la recuperación social y el crecimiento.
Muchos de los impactos perniciosos se atribuyen a las conductas y comportamiento de las personas que, en el cumplimiento de sus funciones y deberes con la población, abusan del cargo y de los bienes públicos para obtención de beneficios económicos o de otra índole.
No olvidemos que la corrupción es un fenómeno universal. Estudios empíricos han llegado a cuantificar el costo de la corrupción equivalente al 5% del producto a escala mundial.
Convencidos y profundamente preocupados por esta realidad, los Estados Participantes en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y en la Convención Interamericana Contra la Corrupción han incorporado todas las normas y mecanismos para el combate a la corrupción.
La adhesión de El Salvador a ambas convenciones se ha traducido en la creación de la Ley de Ética Gubernamental (LEG) con su Reglamento y la creación del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) como ente rector de la ética pública.
El Tribunal de Ética Gubernamental en la Cuarentena COVID 19 en El Salvador
A partir de la declaración de la emergencia sanitaria por la presencia del COVID 19, se han adoptado las medidas de emergencia que se han creído pertinente en la áreas sanitaria, social y económica-financiera.
En previsión de posibles irregularidades en la gestión de procesos, procedimientos, planes y proyectos emergentes, el Tribunal de Ética Gubernamental ha adoptado la decisión de desarrollar, en la medida que lo permita la cuarentena obligatoria, su función de prevenir, detectar y sancionar los actos contrarios a los deberes y las prohibiciones éticas.
De la misma manera, el TEG está dando seguimiento, en sesiones interdomiciliares del Pleno, al procesamiento de los casos de denuncias y avisos en proceso y de esa manera evitar acumulación de casos en mora y de prescripción.
También se han abierto los primeros expedientes “oficiosos” por actos de corrupción detectados en la presente cuarentena.
Cuarentena y precariedad socioeconómica en El Salvador
En situaciones de crisis económica y social es cuando los diferentes sectores y estratos de población, junto a las instancias públicas, debieran manifestar sus mayores atributos de solidaridad, transparencia y eficiencia. Empero, paradójicamente, algunos sectores, organizaciones y servidores públicos están al asecho para aprovecharse en su beneficio; de las opacidades y vacíos en procesos y operaciones de inversiones y gastos públicos de emergencia.
En El Salvador ha sido necesario recurrir a la contratación de deuda externa histórica, en circunstancias que al final de 2919 ya se arrastraba un endeudamiento del 72% del producto interno bruto (PIB).
A partir de la declaración de emergencia, y en previsión de los impactos del confinamiento de la población y el cierre de la actividad económica, la Asamblea Legislativa ha aprobado, a solicitud del Ejecutivo, hasta US$3,000 millones en préstamos o emisión de deuda externa; adicionalmente el Gobierno ha recibido montos de cooperación de países y de instituciones multilaterales. Además, El Salvador cuenta con otras ayudas entre ellas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.
Manifiesto del Tribunal de Ética Gubernamental
En las actuales circunstancias de profunda crisis por el Coronavirus y sus desoladoras proyecciones de impactos de recesión económica (caída del PIB en más del orden de 6.9% en 2021); de profundización de la pobreza (relativa y extrema); de “default” en pago de la deuda externa que representaría en 2021 más del 87% del PIB (de C/$1 que se produzca $0.87 se deberían para pago de deuda externa); caída del 20% en la recepción de remesas; deterioro de las cuentas públicas con déficit superior al 16%, lo que requeriría de más impuestos y otros sacrificios de la población. Ante estas oscuras previsiones…
El Tribunal de Ética Gubernamental manifiesta al pueblo salvadoreño, en particular a los funcionarios públicos, servidores públicos y a los proveedores de bienes y servicios al Estado, que se declara en estado de alerta, poniendo todo su potencial preventivo, investigativo y sancionador para que, en lo posible, ningún acto de corrupción, en el curso de la cuarentena y en adelante, escape a las sanciones previstas en la Ley de Ética Gubernamental y Ley de Procesos Administrativos.
Alienta a la Corte de Cuentas de la República a coordinar esfuerzos y participar los hallazgos de las actuales auditorías concomitantes y las que realice en el futuro.
Ante acontecimientos en curso, el TEG no puede dejar de manifestar su preocupación sobre la poca transparencia y criterios de equidad en la distribución de los fondos de la deuda externa:
En el desglose del $1,000 millones de deuda autorizada: a) $360 millones (36%) destinados a capital de trabajo: no se especifica el tipo o tamaño de empresa; b) $140 millones (14%) para pago de salarios, con requisitos para la MYPE’s difíciles de cumplir; c) $100 millones (10%) a devolver el IVA a los exportadores; d) $300 millones (30%) para el pago de deudas del Estado. Se consigna que uno de los reclamos de la pequeña empresa son los retrasos en los pagos; e) solamente $100 millones (10%) se destinarían expresamente a los informales.
Finalmente, el TEG considera que en el futuro muchas cosas deben cambiar y que se presenta la oportunidad para institucionalizar el paradigma del Gobierno Abierto, que como talsistematice una permanente comunicación con los ciudadanos, que escuchando lo que expresan y aspiran, tome decisiones equitativas; que facilite la colaboración de los ciudadanos y funcionarios, en el desarrollo de los servicios que presta, y que comunique todo lo que decide y hace en forma abierta y transparente.
Luis Argueta Antillón / Miembro del Pleno del TEG
