Presidente y Gerente General de CEPA son sancionados por el TEG

Categoría: Noticias Última actualización: Lunes, 07 Agosto 2017 Publicado: Lunes, 07 Agosto 2017

El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) sanciona a los servidores públicos, Nelson Edgardo Vanegas Rodríguez, Presidente y Emérito de Jesús Velásquez Monterroza, Gerente General, ambos de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).

La sanción impuesta es una multa a cada uno de $9,696.00, por haber transgredido el deber ético de “utilizar los bienes, fondos, recursos públicos o servicios contratados únicamente para el cumplimiento de los fines institucionales para los cuales están destinados”, regulado en el artículo 5 letra a) de la Ley de Ética Gubernamental (LEG).

Las multas ascienden cada una a 40 salarios mínimos, monto máximo que la LEG permite imponer al TEG. 

Según resolución del TEG,  Vanegas y Velásquez efectuaron entre los años 2014 y 2016 erogaciones de dinero para compra de alimentos y bebidas alcohólicas. Además, Velásquez autorizó que se efectuaran fiestas del “Día de la Secretaria”, el “Día de la Familia 2015” y cenas navideñas para los empleados, pese a que las Políticas de Austeridad lo prohíben expresamente.

“Los recursos del Estado son medios de los que se vale para la realización de sus fines, por lo que su destino debe imprescindiblemente guardar relación con las atribuciones de la institución que los eroga. Esta vinculación se tiene que documentar a efecto de justificar los gastos realizados”, cita la resolución.

Se agrega que los montos que CEPA desembolsó de su patrimonio a requerimiento del Presidente y el Gerente general de la misma institución no sólo carecen de la respectiva justificación como lo destacó en su oportunidad el Auditor Interno, sino que se trata del consumo recurrente de alimentos en pequeñas porciones -que podría incluso estimarse que se destinaron para una o dos personas- sin establecer el nombre y cargo de sus destinatarios, ni la razón o relevancia institucional de proporcionarles esa alimentación.

Asimismo, el Tribunal establece en la resolución emitida que “la existencia de una partida presupuestaria y de normativa interna que permitan la compra de alimentos con fondos públicos no puede interpretarse como una permisión para la erogación arbitraria de recursos en dicho concepto, pues en todo caso siempre será necesario justificar cuál es la necesidad o finalidad institucional que se satisface con dicha adquisición”.

A la vez, se determina que “a la luz de la ética pública la compra de bebidas alcohólicas y tabaco resulta reprochable por cuanto en ningún caso su adquisición y consumo pueden incidir en forma positiva en las necesidades colectivas que debe satisfacer el Estado y particularmente en los fines que cada institución pública está llamada a cumplir”.

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